La desigualdad es un tema de la agenda internacional, regional y nacional. El Foro Económico Mundial en la última década ha abordado este tema al ser una preocupación global. La pandemia del COVID 19 develó una situación aún más grave, la ‘pandemia de la desigualdad’, como lo enunció en su momento el Banco Mundial. A nivel regional, la CEPAL ha sido enfática en señalar, desde los pronunciamientos de su secretario ejecutivo, José Salazar, que América Latina y el Caribe enfrentan una crisis del desarrollo expresada en tres trampas, una de ellas la ‘alta desigualdad, baja movilidad y cohesión social’.
El Gobierno de Gustavo Petro llegó con una promesa de cambio, un cambio necesario que propugna por dar pasos concretos y estructurales en el cierre de brechas regionales y de acceso a derechos de la población.
Por un lado, ante un país con la mayor concentración de tierra rural en América Latina, según OXFAM, la mayor transformación social es la implementación de la reforma agraria, que hoy se refleja en una gestión de más de 1 millón de hectáreas entre adjudicación, formalización y restitución de tierras, según el Contador Oficial de la Reforma Agraria.
En materia económica, la dinamización de las economías locales ha integrado actores económicos que antes estaban excluidos y que hoy participan tanto en la producción como distribución de la riqueza a partir de la integración de las economías comunitarias y populares a los circuitos productivos y económicos mediante programas de acceso a crédito como el Programa CREO, las alianzas y convenios de compras públicas, el respaldo y acompañamiento al turismo comunitario con el sello “Colombia: destinos de paz”, y, la participación de las Acciones Comunales en proyectos estratégicos de infraestructura de su comunidad.
Creo profundamente que la educación es el motor de un desarrollo social e inclusivo capaz de reducir las desigualdades y transformar la sociedad, y así lo han planteado organismos como la UNESCO.
No hay mayor disminución de desigualdad que garantizar la educación como derecho fundamental; sin embargo, es lamentable que el Senado de la República no haya siquiera agendado este punto para su discusión y trámite.
La dinamización de la economía en Colombia va bien y estos resultados se deben reflejar en avanzar en los objetivos más esenciales como sociedad: reducción de la pobreza y de la desigualdad. La reactivación económica debe estar orientada en sentar las bases de un crecimiento económico sostenible e inclusivo que desencadene un desarrollo económico y social tanto nacional como de los territorios. Hacía allá deben apuntar las políticas económicas, las políticas sociales, así como las conversaciones y debates de las reformas sociales en el Congreso.